La decisión del pueblo boliviano de ratificar masivamente la revolución democrática y cultural de Evo Morales, se convierte en un escalón más en la liberación definitiva de los pueblos de Nuestra América pero a la vez, requiere estar alertas frente a las estrategias del imperio que sigue presionando con las intenciones secesionistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela y lanzó al mar su IV Flota como advertencia de intervención directa.
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Por
Jorge Benedetti
(Desde La Paz) Más del 60 por ciento de los bolivianos, incluso en los departamentos opositores y secesionistas, dijo claramente que la revolución debe continuar, más allá de las dificultades que tiene toda construcción popular y democrática.
Un recorrido rápido sobre los logros de estos primeros dos años y medio de gobierno, muestra una economía recuperada, un crecimiento de las exportaciones gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y sobre todo el avance en la eliminación de las desigualdades sociales con políticas de inclusión, como la Renta Dignidad, para los mayores de 60 años que estaban afuera del sistema provisional y la declaración, para fin de 2008, de país libre de analfabetismo gracias a la implementación del programa cubano “Yo sí puedo” desde 2006.
La pregunta sobre cómo continúa la revolución después de este referendo revocatorio encuentra incertidumbres en la violencia con la que los prefectos y dirigentes cívicos de la llamada media luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) van a seguir oponiéndose a que Bolivia sea digna e independiente.
Claramente, el imperialismo estadounidense continuará apoyando económica y estratégicamente todas y cada una de las acciones de la derecha boliviana y trabajará para deslegitimar y desgastar al gobierno de Morales.
En esto radica una de las victorias del referendo del domingo, la fuerte legitimación que obtuvo Morales de parte del voto popular harán por lo menos que los opositores se sienten a negociar y que los Estados Unidos suavicen un poco su injerencia en el país.
Para la región, el triunfo de la revolución boliviana representa un paso en la decisión de los gobiernos de Nuestra América de avanzar en la integración y deja muestras de cómo seguir adelante, pero sobre todo, muestra por dónde vienen las oligarquías y el imperialismo.
No son casuales las coincidencias entre la Argentina enfrentada a la oligarquía terrateniente apoyada por la derecha y la peor izquierda (alguien alguna vez explicará por qué se unen a proyectos colonialistas) y Bolivia luchando contra la clase históricamente dominante que no sólo defiende sus intereses económicos sino que se convierte en faro ideológico para los poderosos de todos nuestros países.
Por supuesto, estas ideas contrarrevolucioanarias cuentan con un aparato mediático poderoso que sostiene sus discursos, los alimenta y trabaja, día a día por la desestabilización de los gobiernos revolucionarios y progresistas.
Un ejemplo: El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el empresario ultraderechista Branco Marincovich, declaró a horas del referendo revocatorio que levantaría su huelga de hambre y que iría a votar “con nuestros amigos de la prensa para que fiscalicen todo”.
Las mismas palabras usaron los representantes del campo argentino durante los cien días de lock out patronal y desabastecimiento: “Amigos trabajadores de la prensa, gracias por apoyarnos”, supo decir el otrora combativo presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.
América Latina ganó con el referendo boliviano otra batalla, como las que significarán la llegada de Fernando Lugo a Paraguay después de 60 años de dictadura y democracia condicionada y el casi seguro triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional (FMNL) en El Salvador en el mes de octubre.
Tomado de revista Nuestra América
jueves, 11 de septiembre de 2008
Paraguay Despierta
El ascenso de Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay es otro jalón en la ola transformadora de América Latina, nutrida de sustanciosas y multicolores savias populares.
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Por
Ángel Guerra Cabrera
(La Jornada) Lugo encarna el cristianismo de profunda entraña ética que alumbró en el Nuevo Mundo cuando Bartolomé de las Casas abogó en defensa de sus pueblos originarios, luego resonante de tintes indígenas y africanos en las campanadas libertarias de Dolores, hasta sentar en la segunda mitad del siglo XX, con la teología de la liberación, una impronta en la lectura de los evangelios abrazada definitivamente a los pobres de la Tierra y enriquecedora de las corrientes laicas del pensamiento revolucionario latinoamericano.
Su memorable discurso de toma de posesión evoca la fecunda tradición de experiencias emancipatorias muy diversas que han hecho posible y perfilado el gran cambio latinoamericano actual, y se pronuncia ardorosamente por la pertinencia de su rescate. Pese a que los tiempos que corren –afirmó– se obstinan en demostrarnos que el pasado es una construcción sin implicancias en el devenir, nosotros queremos encontrar sus valores y sus signos para que en la semiótica del futuro se encuentren nítidas las motivaciones que claman por un mañana que reitere los logros y no repita los errores.
Al reivindicar a Gaspar Rodríguez de Francia y a los López, padre e hijo, como referentes del proceso que inicia en Paraguay, Lugo se colocó en la vertiente histórica más avanzada de América Latina, pues fue bajo la conducción de esos hombres que se fundó la primera experiencia exitosa de construcción nacional antioligárquica, antimperialista y antiliberal al sur del río Bravo. Allí, a diferencia de lo que ocurría en los demás países de América Latina en el siglo XIX, no había campesinos sin tierra ni mendigos ni ladrones ni niños que no supieran leer ni escribir; el ferrocarril, el telégrafo y la siderurgia surgieron y funcionaron espléndidamente como empresas del Estado; las exportaciones sostenían la inversión y el gasto social en una administración pública austera y honrada; había superávit fiscal y no existía deuda externa, los indígenas recibieron la ciudadanía y se rescató su modelo de agricultura de dos cosechas anuales; existían reservas nacionales para los malos tiempos y no se conocía el hambre. Aquello era intolerable cuando auspiciada por Inglaterra se imponía en el mundo la religión del libre comercio, adoptada ciegamente por las oligarquías del Río de la Plata y del imperio lusobrasileño. Como luego harían con Fidel Castro, Salvador Allende, Hugo Chávez y Evo Morales, los periódicos liberales satanizaban a Francisco Solano López: el Atila de Asunción era uno de los calificativos que le endilgaban al líder del único proyecto de desarrollo económico y social independiente triunfante en el continente.
Bajo la batuta del Foreign Office y de su embajador en Buenos Aires se preparó meticulosamente la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, financiada, cómo no, por la banca británica, que Eduardo Galeano fulminó en su imprescindible obra Las venas abiertas de América Latina como el capítulo más infame de la historia latinoamericana. Las oligarquías de Argentina, Brasil y Uruguay lanzaron sus ejércitos a una operación genocida que casi exterminó al pueblo paraguayo. La campaña militar que Bartolomé Mitre calculó en tres meses duró cinco años. Al final no había sobrevivido ningún paraguayo entre 15 y 65 años, sólo quedaba con vida 25 por ciento de la población tras una heroica resistencia finalizada dramáticamente con la caída en combate de López al frente de los restos famélicos y harapientos de su pueblo en armas. “Muero con la patria”, se ha afirmado que exclamó en el postrer momento. Y es que aquel Paraguay, ejemplo de soberanía, independencia y dignidad, dejó de existir con él.
Por eso Lugo ha dicho que “la digna estirpe paraguaya despierta nuevamente”. Así será.
martes, 2 de septiembre de 2008
La contra reforma a la seguridad social; antesala de la privatización de las pensiones y de la salud
La batalla por la defensa de la seguridad social no termina con el fallo de la Corte; aún quedan caminos que recorrer. Si bien es cierto, las resoluciones de esta instancia (la última), conforme a la legalidad imperante, son inatacables y, al menos dentro de los límites de nuestro país y por la vía jurídica, nada se puede hacer.
Sin embargo, aún nos quedan al menos tres caminos: 1) la movilización; 2) recurrir a instancias internacionales y 3) generar condiciones para propiciar un cambio en la correlación de fuerzas al interior del Congreso hacia 2009 o 2012.
1) A pesar de la intensa denuncia de todos los referentes que nos movilizamos durante los meses de abril 2007 a la fecha, muchos trabajadores de diversas dependencias gubernamentales siguen sin tener claridad suficiente sobre las implicaciones de la reforma al ISSSTE que dio como resultado una Nueva Ley. No obstante, y pese al bombardeo desinformativo del gobierno, a través de los medios masivos de comunicación (?) la gran mayoría de trabajadores no acudió a definir su elección entre el Artículo 10º transitorio del Decreto de la NLISSSTE y el llamado “BonoISSSTE”, de tal manera que se tuvo que prorrogar de manera unilateral el término del periodo que originalmente señalaba dicha ley para fijar como nueva fecha el 15 de noviembre de 2008.
Aún así, muchos trabajadores siguen desconociendo el grado de afectación de esta reforma a sus derechos fundamentales en la materia, así como el verdadero trasfondo de la misma. Por ello, sigue siendo una necesidad mantener la movilización y la denuncia, pero no solo de la forma reprobatoria en que fallo la Corte, sino de los verdaderos actores de la contra reforma: los diputados del PRI, PAN, PANAL, principalmente, y mantener viva la memoria sobre quienes traicionaron los intereses de sus agremiados al avalaron tal situación; es decir, Joel Ayala Almeida y Elba Esther Gordillo Morales; principales beneficiarios de la reforma.
Se ha señalado de muchas maneras y por diversos actores sociales y políticos que el modelo neoliberal imperante en México, lleva al Estado a ceder espacio frente al mercado y a la lógica de sus leyes, la oferta y la demanda; que la inconstitucional reforma destruiría el carácter público, solidario y redistributivo del régimen de pensiones que contenía la Ley de 1983 (la vieja ley) y, así lo reconocen incluso destacados miembros de la propia SCJN: “La Ley del ISSSTE es inconstitucional, porque pone “límites” a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones; afecta de manera retroactiva los derechos de los burócratas; vulnera “de manera directa” el principio de solidaridad de la seguridad social además de que con esa legislación, el Estado mexicano incumplió con acuerdos internacionales suscritos, al “tolerar” la “regresión” en los derechos consagrados en el anterior régimen de pensiones.”
“Sostienen lo anterior el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, así como Juan N. Silva Meza, quienes aseveran que “ni la escasez de recursos o los acuerdos con otros actores pueden ser invocados para justificar la no implementación de las obligaciones consagradas en los tratados sobre seguridad social” y derechos humanos. Señalan lo anterior en el voto particular que emitieron ambos ministros en contra de la decisión de la Corte de declarar la constitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE.”
2) Si la vía jurídica nacional nos cierra el paso, quedan las instancias internacionales para continuar denunciando y demandando el respeto a nuestros derechos. En efecto, el gobierno mexicano ha suscrito y ratificado diversos acuerdos y convenios internacionales que reivindican el derecho de los trabajadores a la seguridad social y a la salud. El Convenio 102 suscrito y ratificado con la OIT desde 1952 señala, en diversos artículos, el derecho a la asistencia médica del trabajador y sus familiares, así como el derecho a diversas prestaciones sociales y económicas (prestaciones de maternidad, de vejez, familiares, etc.)
Asimismo, en noviembre de 1988, el gobierno mexicano, suscribió el "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" donde se compromete a respetar el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud de los mexicanos. Como lo establecen los siguientes artículos de dicho documento:
Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.
Artículo 10
Derecho a la Salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
Es verdad que estos preceptos son quizás demasiado generales y que no se refieren en estricto sentido a los trabajadores al servicio del Estado, sin embargo, refieren principios aplicables a nuestros derechos en la medida en que la contra reforma al ISSSTE, abre la puerta a la privatización de las pensiones y de los servicios de salud al establecer un régimen pensionarios sujeto a la lógica del mercado a través de las AFORES y al subrogar importantes áreas y aspectos de los servicios de salud.
3) Frente a una mayoría de legisladores adversa a los intereses de la mayoría de los mexicanos; dispuesta, como lo he estado, a servir a los dueños del capital, banqueros, empresarios, especuladores, etc., los trabajadores no tenemos muchas opciones para revertir el daño causado a nuestros derechos que buscar la conformación de una estrategia de amplias alianzas, primero entre nosotros mismos y luego con las fuerzas políticas dispuestas a comprometerse con la necesidad de re discutir la N’LISSSTE y rescatar los aspectos que le daban un contenido protector de los derechos sociales de los trabajadores y sus familias.
Estamos pues, frente a la necesidad urgente de estrechar la relación entre todos los trabajadora; haciendo a un lado diferencias formales, para construir la mejor propuesta de reforma a la seguridad social desde la visión de los trabajadores y asegurar la viabilidad técnica y financiera del propio Instituto.
Las demandas de amparo de más de dos millones de trabajadores; las múltiples manifestaciones y las razones sustentadas en la Constitución, no fueron suficientes para lograr el fallo favorable de la SCJN respecto de la cuestionada reforma del ISSSTE. De hecho, quedo claro que el mandato del gobierno, para cumplir con las “recomendaciones” del Banco Mundial tenían que cumplirse. La escasa credibilidad de la SCJN se derrumbó estrepitosamente al avalar, negando su propia naturaleza, la constitucionalidad de la nueva Ley; a pesar de las múltiples evidencias en contrario.
La facultad de interpretar la ley, que la propia Constitución otorga a los Ministros, si éstos actuaran con ética con responsabilidad, no los hubiera llevado a violentarla como lo hicieron con los artículos 14 y el 123, entre otros, al negar con argumentos inaceptables el derecho a la jubilación y el principio de no retroactividad, con lo cual dejaron muy claro que el Poder Judicial sirve a los intereses de la clase gobernante y no a los intereses de la justicia.
El reconocimiento de la inconstitucionalidad de los artículos 25, párrafo segundo y tercero, 136, 251 y el último párrafo del artículo 60 de la NLISSSTE, confirma la razón que hemos tenido en nuestras demandas, sin embargo, esto no altera de manera esencial el contenido fundamental de la ley, por lo que tenemos que continuar la lucha por rescatar nuestros derechos arrebatados.
El abordaje de los caminos anteriores requieren de una táctica especifica en cada caso; además, tenemos que vincular la lucha por la defensa de la seguridad social y de la salud con las demás luchas por la defensa de nuestra soberanía petrolera, por el respeto al Artículo 3º constitucional y contra las políticas privatizadoras del actual régimen, contra el alza de precios a los productos de primera necesidad, contra el uso de la fuerza y la represión para acallar a los luchadores sociales, muchos de ellos presos políticos en cárceles de alta seguridad; contra la violencia común pero también contra la violencia institucional que viene del Estado en contra de nuestro pueblo.
Hagamos desde el espacio sindical lo que corresponda a este ámbito, pero avancemos hacia la conformación de un gran frente por la defensa de las reivindicaciones populares, no podemos permitir que el proyecto de la derecha termine por cancelar nuestro derecho a construir un proyecto de nación donde quepamos todos y todas.
2 Sep. 2008
Sin embargo, aún nos quedan al menos tres caminos: 1) la movilización; 2) recurrir a instancias internacionales y 3) generar condiciones para propiciar un cambio en la correlación de fuerzas al interior del Congreso hacia 2009 o 2012.
1) A pesar de la intensa denuncia de todos los referentes que nos movilizamos durante los meses de abril 2007 a la fecha, muchos trabajadores de diversas dependencias gubernamentales siguen sin tener claridad suficiente sobre las implicaciones de la reforma al ISSSTE que dio como resultado una Nueva Ley. No obstante, y pese al bombardeo desinformativo del gobierno, a través de los medios masivos de comunicación (?) la gran mayoría de trabajadores no acudió a definir su elección entre el Artículo 10º transitorio del Decreto de la NLISSSTE y el llamado “BonoISSSTE”, de tal manera que se tuvo que prorrogar de manera unilateral el término del periodo que originalmente señalaba dicha ley para fijar como nueva fecha el 15 de noviembre de 2008.
Aún así, muchos trabajadores siguen desconociendo el grado de afectación de esta reforma a sus derechos fundamentales en la materia, así como el verdadero trasfondo de la misma. Por ello, sigue siendo una necesidad mantener la movilización y la denuncia, pero no solo de la forma reprobatoria en que fallo la Corte, sino de los verdaderos actores de la contra reforma: los diputados del PRI, PAN, PANAL, principalmente, y mantener viva la memoria sobre quienes traicionaron los intereses de sus agremiados al avalaron tal situación; es decir, Joel Ayala Almeida y Elba Esther Gordillo Morales; principales beneficiarios de la reforma.
Se ha señalado de muchas maneras y por diversos actores sociales y políticos que el modelo neoliberal imperante en México, lleva al Estado a ceder espacio frente al mercado y a la lógica de sus leyes, la oferta y la demanda; que la inconstitucional reforma destruiría el carácter público, solidario y redistributivo del régimen de pensiones que contenía la Ley de 1983 (la vieja ley) y, así lo reconocen incluso destacados miembros de la propia SCJN: “La Ley del ISSSTE es inconstitucional, porque pone “límites” a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones; afecta de manera retroactiva los derechos de los burócratas; vulnera “de manera directa” el principio de solidaridad de la seguridad social además de que con esa legislación, el Estado mexicano incumplió con acuerdos internacionales suscritos, al “tolerar” la “regresión” en los derechos consagrados en el anterior régimen de pensiones.”
“Sostienen lo anterior el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, así como Juan N. Silva Meza, quienes aseveran que “ni la escasez de recursos o los acuerdos con otros actores pueden ser invocados para justificar la no implementación de las obligaciones consagradas en los tratados sobre seguridad social” y derechos humanos. Señalan lo anterior en el voto particular que emitieron ambos ministros en contra de la decisión de la Corte de declarar la constitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE.”
2) Si la vía jurídica nacional nos cierra el paso, quedan las instancias internacionales para continuar denunciando y demandando el respeto a nuestros derechos. En efecto, el gobierno mexicano ha suscrito y ratificado diversos acuerdos y convenios internacionales que reivindican el derecho de los trabajadores a la seguridad social y a la salud. El Convenio 102 suscrito y ratificado con la OIT desde 1952 señala, en diversos artículos, el derecho a la asistencia médica del trabajador y sus familiares, así como el derecho a diversas prestaciones sociales y económicas (prestaciones de maternidad, de vejez, familiares, etc.)
Asimismo, en noviembre de 1988, el gobierno mexicano, suscribió el "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" donde se compromete a respetar el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud de los mexicanos. Como lo establecen los siguientes artículos de dicho documento:
Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.
Artículo 10
Derecho a la Salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
Es verdad que estos preceptos son quizás demasiado generales y que no se refieren en estricto sentido a los trabajadores al servicio del Estado, sin embargo, refieren principios aplicables a nuestros derechos en la medida en que la contra reforma al ISSSTE, abre la puerta a la privatización de las pensiones y de los servicios de salud al establecer un régimen pensionarios sujeto a la lógica del mercado a través de las AFORES y al subrogar importantes áreas y aspectos de los servicios de salud.
3) Frente a una mayoría de legisladores adversa a los intereses de la mayoría de los mexicanos; dispuesta, como lo he estado, a servir a los dueños del capital, banqueros, empresarios, especuladores, etc., los trabajadores no tenemos muchas opciones para revertir el daño causado a nuestros derechos que buscar la conformación de una estrategia de amplias alianzas, primero entre nosotros mismos y luego con las fuerzas políticas dispuestas a comprometerse con la necesidad de re discutir la N’LISSSTE y rescatar los aspectos que le daban un contenido protector de los derechos sociales de los trabajadores y sus familias.
Estamos pues, frente a la necesidad urgente de estrechar la relación entre todos los trabajadora; haciendo a un lado diferencias formales, para construir la mejor propuesta de reforma a la seguridad social desde la visión de los trabajadores y asegurar la viabilidad técnica y financiera del propio Instituto.
Las demandas de amparo de más de dos millones de trabajadores; las múltiples manifestaciones y las razones sustentadas en la Constitución, no fueron suficientes para lograr el fallo favorable de la SCJN respecto de la cuestionada reforma del ISSSTE. De hecho, quedo claro que el mandato del gobierno, para cumplir con las “recomendaciones” del Banco Mundial tenían que cumplirse. La escasa credibilidad de la SCJN se derrumbó estrepitosamente al avalar, negando su propia naturaleza, la constitucionalidad de la nueva Ley; a pesar de las múltiples evidencias en contrario.
La facultad de interpretar la ley, que la propia Constitución otorga a los Ministros, si éstos actuaran con ética con responsabilidad, no los hubiera llevado a violentarla como lo hicieron con los artículos 14 y el 123, entre otros, al negar con argumentos inaceptables el derecho a la jubilación y el principio de no retroactividad, con lo cual dejaron muy claro que el Poder Judicial sirve a los intereses de la clase gobernante y no a los intereses de la justicia.
El reconocimiento de la inconstitucionalidad de los artículos 25, párrafo segundo y tercero, 136, 251 y el último párrafo del artículo 60 de la NLISSSTE, confirma la razón que hemos tenido en nuestras demandas, sin embargo, esto no altera de manera esencial el contenido fundamental de la ley, por lo que tenemos que continuar la lucha por rescatar nuestros derechos arrebatados.
El abordaje de los caminos anteriores requieren de una táctica especifica en cada caso; además, tenemos que vincular la lucha por la defensa de la seguridad social y de la salud con las demás luchas por la defensa de nuestra soberanía petrolera, por el respeto al Artículo 3º constitucional y contra las políticas privatizadoras del actual régimen, contra el alza de precios a los productos de primera necesidad, contra el uso de la fuerza y la represión para acallar a los luchadores sociales, muchos de ellos presos políticos en cárceles de alta seguridad; contra la violencia común pero también contra la violencia institucional que viene del Estado en contra de nuestro pueblo.
Hagamos desde el espacio sindical lo que corresponda a este ámbito, pero avancemos hacia la conformación de un gran frente por la defensa de las reivindicaciones populares, no podemos permitir que el proyecto de la derecha termine por cancelar nuestro derecho a construir un proyecto de nación donde quepamos todos y todas.
2 Sep. 2008
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