EL SNTE, DECLINAR DE UN MODELO SINDICAL

1. El SNTE.

a. Una mirada a su vida interna (patrimonialismo, autoritarismo, verticalismo)
b. El nuevo proyecto educativo

2. La realidad laboral de los maestros de la escuela pública.
3. Las expresiones al interior del SNTE

a. Los institucionales
I. La base
II. La cúpula
b. La CNTE
I. Ultras
II. Reformistas
c. El MDNS.

I. Su apuesta por la democratización del
SNTE.
II. El despunte y la "apuesta" por un nuevos sindicalismo.
III. La defensa de la escuela pública.
IV. Entre el acuerdo político, la simulación; la negociación de posiciones y la construcción real de espacios de poder en el ámbito seccional y nacional
V. La defensa de la seguridad social: las líneas generales de un discurso y los límites de su utilidad política para el crecimiento y reposicionamiento político y sindical del movimiento.
4. Tareas
5. Conclusiones



________________________________________


Introducción


“L os treinta años de éxito (1940-1970) del modelo económico mexicano basado en la sustitución de importaciones, generó incrementos en los salarios y permitió que el movimiento laboral negociara el apoyo electoral a cambio de reformas sociales en temas como el de la salud, créditos, retiro, etc. Sin embargo, a partir de la crisis económica de 1985, las negociaciones de los movimientos laborales se hicieron más complicadas y menos ventajosas.
Por ello, durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) se estructuraron consensos entre las principales “corporaciones” con el fin de hacer frente al legado de 12 años de gasto deficitario y de laxismos en las políticas. El resultado de tales consensos fue el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) para el periodo 1983-1985.
Su objetivo era restablecer las condiciones necesarias para la estabilidad de los precios y de las condiciones financieras mediante una drástica corrección del desequilibrio fiscal. Además pretendía corregir las distorsiones de la acelerada inflación. Los resultados fueron: la reducción en 8.5 puntos porcentuales, con respecto al PIB, de la razón de los requerimientos de endeudamiento del sector público, la producción se contrajo fuertemente, el equilibrio externo registró un impresionante superávit (5.7% respecto del PIB), y la tasa anual de la inflación cayó en sólo 20 puntos porcentuales.
Después, en 1987 el gobierno y los representantes del trabajo, los campesinos y las empresas, suscribieron el Pacto de Solidaridad Económica (PSE o Pacto) con el objetivo fundamental de abatir la inflación sin provocar una recesión, el Pacto se renovó en cinco ocasiones a intervalos cada vez mayores a medida que se restablecía la confianza.
Sin embargo, la reanudación del crecimiento con la consolidación de la estabilidad de precios no era viable mientras México siguiera siendo un exportador neto de capitales y como consecuencia de ello requiriera mantener grandes superávit comerciales. Las transferencias estaban drenando el ahorro interno obstaculizando la inversión requerida y por ende limitando el crecimiento.
Fue a causa de esta situación que el presidente Carlos Salinas creó el Pacto Para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) en diciembre de 1988. La meta última era reducir las transferencias netas de recursos hacia el exterior, que resultaban de la onerosa carga de la deuda externa. Este Pacto fue sustituido por el Programa de Estabilización anunciado en enero de 1995. Los arreglos corporativos fueron así exitosos en superar las crisis, pero los trabajadores terminaron siendo los que más perdían. Los presidentes Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari llevaron a cabo reformas neoliberales que incluían, entre otras políticas, drásticas reducciones de los subsidios gubernamentales y privatizaciones de empresas paraestatales; reformas que dañaron el nivel de vida de los trabajadores y llevaron a los movimientos laborales a la crisis.”

1. El SNTE

a) Una mirada a su vida interna
E

l SNTE vive una de sus peores crisis política. La ausencia de institucionalidad llegó a su límite. Los resolutivos de su XXIII Sesión de Consejo Nacional celebrado a principios de julio de 2007, en la Cd. de Tijuana, particularmente el noveno, relativo a prorrogar la actual dirigencia nacional del SNTE por un único periodo, bajo el argumento de “dar cumplimiento y concretar el conjunto de resolutivos y mandatos” derivados del mismo, comienzan a cobrar forma.
En el XXIV Consejo Nacional, que bien puede ser considerado como la segunda parte del anterior, se acordó llevar a cabo una rectificación del actual secretariado nacional, a la fecha funcionando bajo la figura de cuerpos colegiados, para regresar a la figura de secretarios de cartera y reducir a un mínimo de espacios el cuerpo secretarial, de tal modo que eso permitiría un mejor control de mismo, sacudiéndose de paso, aquellos dirigentes que no han estado a la altura de las expectativas que la dirigente principal exige.

De hecho, en varios de los 16 colegiados nacionales hay ausencias de los titulares por haber sido designados como funcionarios del Gobierno federal en los estados, fueron comisionados en actividades sindicales y legislativas o dentro del Partido Nueva Alianza, situación que justifica la necesidad de la reestructuración del Comité Ejecutivo.
Pero no se trata de una simple reestructuración motivada por huecos en los cuerpos colegiados; la misma Secretaria General Ejecutiva, sería reestructurada, haciendo a un lado a uno de los principales operadores de la dirigencia nacional, en los 19 años que lleva ya este cacicazgo.
“Por la puerta grande” o por la puerta chica; todo es cuestión de tiempo. Lo cierto es que más que apuntar hacia una “renovación generacional”; huele mas a una “purga”, según señalan algunos de los ex miembros del equipo gordillista, para colocar al frente del aparato sindical a un reducido grupo de incondicionales de la maestra.
Pero, la pregunta obligada es ¿realmente se va? o se va ¡pero se queda!. He ahí la cuestión. La intención de colocar ¡incluso! a alguno de sus familiares, o a cualquiera de sus más cercanos y fieles operadores, hace sospechar que en realidad pretende continuar dirigiendo, desde atrás, al sindicato.
Las escaramuzas entre la famgilia directa o política, no son sino el reflejo de la pugna por el control del aparato sindical ante la presunción del desmoronamiento del grupo hegemónico. Lo mismo, los desprendimientos que se empiezan a manifestar en algunas secciones y las confrontaciones internas en varios de los recientes congresos seccionales.

Al referirnos a “una de sus peores crisis política” hacemos alusión al descredito que presenta ya la dirigencia hegemónica ante la base magisterial; al proceso de descomposición que se observa al interior mismo del grupo institucional; al ya largo desapego de tal dirigencia de los asuntos de índole sindical, entre otros signos.
En cuanto a la “alianza” de la dirigencia con el Poder Ejecutivo, mas allá del pago de facturas de comienzos del actual sexenio, no parece haber nada más, incluso la misma respuesta salarial, por más que pretenda ser la menos limitada de la mayoría de las negociaciones que han librado los distintos sindicatos, ésta no refleja en modo alguno el cumplimiento de posibles compromisos signados en meses pasados entre el gobierno y el sindicato.
El anuncio de la salida por “la puerta grande” o por la chica, puede ser el preludio de un cacicazgo largamente acuñado. No hay opiniones favorables a la continuidad de tal dirigencia; las criticas de organismos internacionales de la talla de la OCDE, o del Banco Mundial, así como de numerosos analistas e intelectuales, orgánicos o no, parecen anunciar, como los nubarrones que preceden a la tempestad, el ocaso de la era elbista al frente del sindicato.
La negociación salarial 2008. Para los trabajadores de la educación debe ser ya de amplio conocimiento que el presupuesto que se destina para el incremento salarial del gremio se decide en el mes de diciembre de cada año en la Cámara de Diputados, lo que implica que el monto aprobado contiene ya desde ese momento el porcentaje en que habrá de impactarse el salario magisterial, por lo que surge una interrogante ¿porqué entonces se realizaba una supuesta negociación salarial en mayo? ¿Será solo por el simbolismo que implica el 15 de mayo “Día del maestro”? y luego entonces, ¿Por qué el monto “Negociado” no es retroactivo al mes de enero?
Pero, además sería de suponer que así como los recursos presupuestales para educación y para las demás áreas del gobierno federal aprobados por los diputados constituyen el presupuesto de un año completo, entonces ¿porqué lo aprobado para incremento salarial no es retroactivo al mes de enero? De ser así, quiere decir que desde hace mucho tiempo alguien se está quedando con las diferencias derivadas del incremento de esos cuatro meses.
Que la respuesta salarial sea retroactiva al mes de abril, en vez de mayo, no constituye avance alguno, el presupuesto se autoriza para ser ejercido durante un año, entonces ¿los intereses generados durante los meses de enero a abril de más de 6 mil millones de pesos que se destinan para incremento salarial, donde quedan? Pero mas allá de esto, lo cierto es que los salarios de los trabajadores de la educación siguen estando, con mucho, por debajo de los ingresos de los maestros de los países miembros de la OCDE, con quienes se mide el desempeño de los mexicanos. Si descontamos el impacto inflacionario del año, el incremento general real no rebasa el 3%, por tanto, ¿de que incremento hablamos?
Carrera magisterial, nuevos criterios, viejos vicios. Desde su creación en 1992, Carrera magisterial se convirtió más que en un verdadero escalafón horizontal, en un mecanismo de mediatización y de control. Además de llenar al docente de trámites administrativos, en detrimento de su tiempo real frente a grupo y de llevar a los aspirantes a ingresar o promoverse, a inscribirse en los centros de actualización, los ha sacado de la posibilidad de participar en la lucha por alcanzar un incremento salarial para todos los trabajadores de la educación. Antes de 1992, los incrementos salariales se otorgaban en mayor porcentaje e impactaban en la misma proporción a todos los docentes; ahora, la repercusión esta en función del nivel de carrera magisterial que se tenga, provocándose un rezago en aquellos docentes que no están en carrera magisterial.
Carrera magisterial se proponía incentivar a los docentes para lograr una mayor calidad educativa. Contaban para su ingreso la preparación, la antigüedad y el desempeño docente; a 16 años de su creación, se cambian los requisitos, ahora solo importa el desempeño docente, ya no contara la preparación ni la antigüedad en el servicio. Es lo que llaman “el segundo piso de carrera magisterial”, pero lo que no cambia es su naturaleza mediatizadora y de control y, seguirá profundizándose la disparidad salarial entre quienes estén en carrera y quienes no lo estén, si acaso, se inventarán nuevas trampas para burlar el requisito de la calificación del desempeño docente.

b) El nuevo proyecto educativo
El 15 de mayo pasado, la dirigencia formal del SNTE signo con el Ejecutivo Federal un acuerdo denominado “Alianza por la calidad de la educación”. Dicho acuerdo sustituye lo que la presidencia nacional del sindicato había llamado “revolución educativa”.
Entre los ejes del acuerdo, están el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, el IV Congreso Nacional de Educación y el Segundo Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros del SNTE.
Los cuatro documentos fueron elaborados sin la participación consensual de los actores pretende convocar dicha alianza. El primero (PND), debiera haber sido elaborado atendiendo lo señalado en el Artículo 26 constitucional, en lo concerniente a la planeación democrática del desarrollo, sin embargo, ¿Cómo se podría esperar de un gobierno ilegítimo de origen que consulte a la sociedad?
En relación con el IV Congreso Educativo del SNTE,-un evento que se realizó con “invitados”, sin el carácter de delegados como tendría que haber sido- la gran mayoría de los trabajadores de la educación siguen sin conocer los resolutivos, no sólo por no haber sido invitados a su discusión, sino además, porque no se han difundido tales resolutivos, es decir, la dirigencia formal del sindicato entregó a nombre de más de un millón 300 mil trabajadores un documento en el que no solo no participaron sino que además desconocen.
Lo mismo pasó con el documento derivado del II Encuentro de Padres de Familia y Maestros, tampoco se conocen sus resultados.
Por tanto cabe preguntarse ¿cuál es la legitimidad de dichos resolutivos? ¿Cuál es la legitimidad de dicho acuerdo para la calidad de la educación?
El documento de la Alianza para la Calidad de la Educación pretende abordar cinco ejes prioritarios:
a. Centros escolares
b. Maestros
c. Alumnos
d. Reforma curricular y
e. Evaluación.
Con estos ejes, se señala, se atenderán tres grandes aspectos: salud, alimentación y nutrición, y desarrollo social-comunitario
Modernización de los centros escolares. En el documento en cuestión, se dice que mediante la atención a los problemas de infraestructura y al enorme rezago en el equipamiento, la dotación de tecnologías y la información y la comunicación así como la gestión y participación social, se pretende garantizar que los centros escolares sean lugares dignos y libres de riesgos, que sirvan a sus comunidades.
Al respecto, en el ciclo 2008-2009, se pretende equipar a 14 000 planteles, asimismo, rehabilitar otros 27 000 que se encuentran en malas condiciones.
De estos 27 000 planteles con infraestructura en mal estado, 2 124 son escuelas del nivel de educación indígena 2,998 primarias y 2 061 telesecundarias, según los datos que se señalan en el documento; las restantes, corresponden a otros niveles y modalidades educativas. En general, las escuelas en estas condiciones, atienden a 2 620 409 alumnos.

Cabe señalar que en el diagnostico anterior no se mencionan los más de 30 000 escuelas unitarias y vi-docentes localizadas en las regiones de mas alta marginación del País. Al respecto, sólo se reconocen poco más de 15 mil escuelas en zonas de alta y muy alta marginación como planteles con infraestructura en malas condiciones, pero nada se dice respecto de la insuficiencia de maestros y demás personal para la atención y mayor calidad del servicio educativo.

En relación con la tecnología de la educación y la comunicación, se señala que se equipara con conectividad a 155 mil aulas, adicionales a las existentes, para cubrir el 75% de la matrícula. Y ¿Cuántas aulas conectadas existen?, ¿todas las escuelas cuentan con energía eléctrica? Y los profesores ¿todos cuentan con los conocimientos suficientes para acceder a estas nuevas tecnologías?

Se mencionan 21,397 escuelas primarias y 7 086 secundarias; en total 28 483 escuelas con conectividad, de un total de 89 677, considerando primarias y secundarias, en sus tres modalidades, lo que permite atender a 20 770 409 alumnos. Pero, el total de escuelas con conectividad representa el 31.7% del total mencionado, ¿Y las demás? ¿Cuándo contarán con dicha conectividad?

Cuando se habla de “conectividad”, ¿se refieren a habilitar las aulas con el servicio de internet?

Gestión y participación social. Desde la reforma de 1993 a la Ley General de educación se incorpora la figura de los consejos de participación social. Nadie pone en duda que, al final de cuentas, uno de los grandes propósitos de la educación debe ser el de servir a la sociedad, sin embargo, se requiere impulsar procesos amplios de democratización social que permitan enraizar y fortalecer en los ciudadanos de un conjunto de valores democráticos para que su intervención en campos tan importantes como el educativo se de en armonía con los intereses generales de las comunidades escolares. En la conformación de los consejos de participación social, el problema es que la ley no es suficientemente clara respecto del rol que jugarán tales consejos y quien decidirá quienes los integrarán, con qué criterios, etc.

El otro problema que subyace en esta intención es el relativo a la democracia en la escuela. Los procesos que se desarrollan al interior de los centros escolares distan mucho de ser procesos democráticos; prevalece la figura de la autoridad como instancia determinante de todo lo que ocurre al interior de las escuelas: la distribución de los horarios de trabajo, la integración de los órganos de apoyo técnico pedagógico, el funcionamiento de la cooperativa escolar y la administración de la cuota de los padres de familia, el uso de los uniformes escolares, el funcionamiento de las academias, y, en no pocas ocasiones hasta la integración de la representación sindical se ven influenciadas si no es que determinadas por la dirección escolar.

“Colocar a las comunidades escolares en el centro de las políticas educativas”. “involucrar a las comunidades educativas en los procesos de mejora de los centros escolares”. Entendemos que las “políticas educativas” no se refieren sólo al hecho educativo en concreto; es necesario asumir que la definición de los presupuestos educativos es parte fundamental de las políticas educativas. Desde 2001, se incorpora en la Ley General de Educación (LGE) la obligación del Estado de destinar por lo menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a educación, como respuesta a una añeja demanda social, sin embargo, desde el gobierno se ha regateado permanentemente el cumplimiento de este mandato legal.

Por otro lado, desde hace ya dos décadas por lo menos, desde el gobierno se viene tolerando, entre otras cosas, que se “cobren” cuotas económicas a los padres de familia en las escuelas; incorporar ahora en los planes del gobierno la idea de “involucrar a las comunidades educativas en los procesos de mejora de los centros escolares”, es tanto como legalizar la violación del carácter gratuito de la educación pública señalada en el Artículo 3º constitucional, sólo que ahora, justificado desde el propio gobierno.

En una clara intención desde el gobierno, pero con la anuencia de la dirigencia formal del SNTE, se decide, a partir del receso del ciclo escolar 2007-2008, poner en practica un programa de escuelas abiertas en todo el país para desarrollar actividades de atención a lo alumnos, cuyos padres así lo decidan, sin que para ello se haya dado a conocer específicamente qué se haría en este tiempo. Y ahí están los maestros dispuestos a participar en este experimento, con la promesa de recibir una remuneración adicional a sus salarios; justificando de alguna manera que tienen disposición de colaborar con la autoridad educativa en este proyecto lo cual, anticipa que los próximos años se implementará de manera normal y, entonces seguramente sin remuneración adicional.

No puede haber “escuela segura” en tanto no exista seguridad fuera de las escuelas; en la sociedad. Y no habrá seguridad en el cotidiano devenir de la sociedad mientras persista un sistema de justicia que ya no garantiza su mandato constitucional y se sigan tolerando desde el gobierno acciones de solapamiento de la impunidad.

“Escuelas de tiempo completo y con horario discontinuo o fuera de horario de clase y fines de semana” mientras se continúa omitiendo la existencia de miles de escuelas incompletas (unitarias y vi docentes) en regiones de alta marginalidad, mientras se sigue escatimando el reconocimiento de los docentes como actores fundamentales del quehacer educativo, con salarios que no resuelven sus necesidades mas importantes, entre ellas la de fortalecer su formación, y se le continúan imponiendo decisiones pensadas y decididas desde atrás de los escritorios o en reuniones ad hoc a donde sólo se les ocupa como relleno y justificación de proyectos que no se identifican con el grueso de los docentes y terminan siendo sólo, en ultima instancia, un mero pretexto para signar pactos perversos en nombre de la educación, de los docentes y de la sociedad en su conjunto.

¿Dónde quedó el Acuerdo por la calidad de la educación, firmado entre la dirigencia formal del SNTE y el gobierno foxista? ¿Cuál su balance? Son preguntas que esperan una respuesta desde el gobierno y desde el SNTE.

La profesionalización de docentes y directivos es, sin duda, otro de los aspectos que incide en el aprovechamiento escolar y la calidad de la educación. Lo venimos señalando reiteradamente desde hace varios años; hoy este rubro forma parte de la agenda educativa del gobierno.

El ingreso y promoción a cargos directivos y docentes, se dice, será a través de exámenes de oposición, a partir del próximo ciclo escolar de manera transitoria y a través de un órgano independiente de evaluación, con carácter federalista, es decir, contará con 32 subsedes y una en el D.F. además de una sede central.

¡Que bien! ¡Exámenes de oposición! Pero, ¿quién los hará?, ¿alguien podrá creer que el SNTE renuncia a una prerrogativa que le ha redituado durante más de la mitad de su existencia una fuente de poder? Y ¿Qué pasará con los más de 900 mil maestros que ya están en servicio? El crecimiento anual de la planta de profesores es ¡bastante reducido! Como para ser un factor que incida realmente en la elevación de la calidad educativa. Lo mismo pasa con el número de directores, supervisores y demás autoridades educativas, por lo que el que se apliquen exámenes de oposición para las promociones a estos cargos, no impactará de manera significativa los niveles de aprovechamiento escolar. La medida, más bien se parece a otro mecanismo de control para ocupar los espacios que se generen con la, esa sí, importante cantidad de plazas que queden vacantes a partir de las jubilaciones que se generen el próximo año debido a la reforma del ISSSTE.

Por otro lado, se habla de crear el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, para lo cual, se buscará a instituciones prestigiadas de educación superior, para impartir cursos de actualización en asignaturas tales como matemáticas, español, formación cívica y ética, historia y ciencias, modificando además los criterios de Carrera Magisterial, considerando ahora tres aspectos: desempeño profesional, cursos de actualización y aprovechamiento escolar.

No podríamos estar en contra de la organización de un sistema de formación, actualización y superación de los maestros, lo hemos venido planteando desde hace varios años, sin embargo, la estructuración de este sistema, requiere partir de un compromiso real del gobierno, reconociendo en principio que existe un profundo rezago y desorden en este aspecto; se requiere además, pensar en un esquema que facilite a los docentes acceder a procesos formativos y de actualización que impacten en serio sus ingresos; mecanismos que sean parte de un proyecto integral, no como parches que sólo pretendan logros efectistas.

La formación y actualización docentes deben ser además de permanentes, pertinentes; colocando a la Escuela Normal Superior y a la Universidad Pedagógica Nacional como rectoras en esta materia; debe además, destinarse un presupuesto suficiente, entendiendo que la formación y actualización docentes, n son un gasto sino una inversión .

En relación con la promoción y ascenso a cargos directivos, no sólo deben ser a partir de exámenes de oposición, debe además reestructurarse la plantilla actual de directivos y supervisores; mediante un sistema de rotación trianual que cierre el paso a tentaciones de ver a las escuelas o los cargos como cotos de poder y negocios particulares.

La salud y la alimentación constituyen parte esencial en los niveles de aprovechamiento de los alumnos. Se señala en el programa el impulso de una cultura de la salud y el fortalecimiento del programa de desayunos escolares. La orientación que se observa en estas acciones, tienen un claro sentido asistencial, cuando lo que se necesita es una política de Estado en esta materia.

El mejoramiento de la salud y la alimentación de más de 20 millones de alumnos de educación básica, parte de la necesidad de mejorar los ingresos familiares, a partir de mejores empleos y de salarios que verdaderamente aseguren el desarrollo integral de las familias.

Debe revisarse y reestructurarse a fondo el funcionamiento del cooperativismo escolar; modificar de raíz el estado actual de las cooperativas escolares, recuperando su sentido original: fomentar la cooperación entre los educandos y garantizar que los alimentos que se expendan sean en efecto de buena calidad, tanto en higiene como en contenidos nutricionales. Además de incorporar la información necesaria y suficiente respecto de los contenidos dañinos de toda la gama de productos denominados “chatarra”

Es necesario se estructuren programas específicos en materia de formación para la salud y la alimentación, considerando las particularidades regionales y estatales. Poner en práctica los huertos escolares, promover los cultivos de especies alimenticias vegetales y animales que las características regionales permitan, fomentando la modificación de los hábitos alimentarios de las comunidades.

El gobierno tiene la responsabilidad de vigilar los contenidos desinformantes de los medios masivos de comunicación, en la medida en que los que los alumnos aprenden durante 8 horas en la escuela, la televisión lo borra en unos minutos.


Condiciones sociales para mejorar el acceso, la permanencia y el egreso oportuno

Suponer que incrementando en 75 mil becas adicionales del programa Oportunidades, además de actualizar los modelos de atención de niños con necesidades especiales se estarían generando las condiciones sociales para mejorar la permanencia y el egreso oportuno de los alumnos en condiciones de pobreza alimentaria y vulnerabilidad, es no asumir la responsabilidad del Estado en relación con el profundo rezago existente en este campo.

El fracaso escolar, reprobación y deserción escolar en el nivel básico, son la consecuencia no la causa de los enormes niveles de pobreza y pobreza extrema existentes en todo el país. En última instancia, ambos problemas forman parte de un círculo vicioso y se retroalimentan sistemáticamente.

De los cerca de 110 millones de mexicanos, más de 60 millones viven en situación de pobreza y de ello, mas de 25 millones sobreviven en condiciones de pobreza extrema. No es la falta de educación la que genera esta situación social; es la desigual e injusta distribución de la riqueza social la que esta arrojando cada vez a mas mexicanos a esta condición; son los más de 25 años de políticas neoliberales lo que ensancha la brecha social y, no será con políticas de corte asistencial como se logrará revertir esta situación, sino con la construcción de un proyecto alternativo de Nación.

La educación debe dejar de ser ese conjunto de frases demagógicas, para convertirse en un verdadero vehículo de capilaridad social; en un elemento capaz de propiciar la transformación de las condiciones de inequidad social que se profundizan cada día. Pero junto a la educación, tienen que impulsarse políticas de Estado en materia de empleo, salario, salud, entre otras, reconociendo que la educación puede ser el eje vertebral de todas las demás políticas, pero las demás constituyen el resto del sistema.


Formación de los alumnos para la vida y el trabajo

Reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades. ” La escuela debe asegurar una formación basada en valores y una educación de calidad, que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial.

¿Cuál es la edad suficiente para que un alumno reciba una formación para el trabajo? ¿Hasta que grado o nivel de formación debe abarcar la responsabilidad del Estado? ¿Y el gobierno garantizará que haya trabajo para todos?

Considerando el contenido del Artículo 3º constitucional, el Estado, la Federación y los Municipios, son responsables de impartir educación básica, entendida esta desde el nivel preescolar hasta la educación secundaria. Es decir, hasta aquí se sigue reconociendo que el ciclo básico es de12 años y, el nivel bachillerato queda vinculado a la educación superior. Son muchas las opiniones, entre ellas la nuestra, que se manifiestan por ampliar el ciclo básico hasta el nivel medio superior, es decir, un ciclo básico de 15 años. Además, seguimos pugnando porque el Estado se haga cargo del financiamiento de la educación hasta el nivel superior.

En relación con la reforma curricular, ésta debe asegurar que los alumnos adquieran las competencias suficientes para continuar sus estudios superiores, es decir, entendiendo las competencias no como la disputa por las oportunidades para continuar estudiando o para lograr un empleo bien remunerado, sino como el desarrollo necesario para adquirir mayores conocimientos, habilidades y destrezas, a fin de poder consolidar incluso el nivel de licenciatura.

Por otra parte, en relación con la idea de “formar ciudadanía”, pareciera que se pretende formar ciudadanos desde la educación básica. Es correcto impulsar la formación en valores que fortalezcan la vida democrática, si embargo, primero habrá que construir la escuela democrática y ello implica, transformar las relaciones laborales y el conjunto de relaciones que se generan al interior de las comunidades educativas, considerando trabajadores, autoridades, alumnos y padres de familia. Solo así se podrá resolver la contradicción entre el educador subordinado, mediatizado y la idea de enseñar el pensamiento crítico a los educandos y fortalecer las condiciones que generen un pensar y actuar crítico en la sociedad.

Evaluar para mejorar. Articular el Sistema Nacional de Evaluación, conjuntando las instancias, procesos y procedimientos existentes, implica evaluar no solo a los docentes, sino también a las autoridades educativas y a todos los actores que incidan en la educación. Lo anterior implica reconocer que la evaluación parte desde la planeación del proceso; desde la definición de los presupuestos que habrán de destinarse a este rubro; los criterios que inciden en la distribución de los recursos; las políticas para abatir los rezagos existentes y la definición de niveles de interlocución y bilateralidad basadas en el respeto y la responsabilidad de las distintas funciones de todos los actores involucrados.


2. La realidad laboral de los maestros de la escuela pública


Uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la educación son los maestros. Sin ellos no hay proceso educativo, igual que sin alumnos tampoco es posible concebirlo. Sin embargo, unos y otros son los grandes ausentes en las decisiones que en torno a la educación se toman, pese a que ellos son los primeros en sufrir el impacto de tales decisiones.

Hay una serie de interrogantes sobre los maestros que esperan una respuesta : ¿Cómo perciben los maestros la problemática educativa?, ¿Qué educación desean los maestros?, ¿Cómo asumen los maestros su materia de trabajo?, ¿Qué piensan los maestros sobre el SNTE?, ¿Se identifican los maestros con la dirigencia formal del SNTE?, ¿Con qué se identifican los maestros?, ¿Qué piensan los maestros del Acuerdo por la calidad de la educación suscrito por la dirigencia formal del SNTE y el Poder Ejecutivo?; ¿Qué piensan sobre los resultados del IV Congreso de Educación realizado por la dirigencia formal del SNTE?.


¿Desde donde, los maestros han de fijar una posición respecto de estos cuestionamientos? La respuesta puede buscarse a partir de ubicar la propia identidad profesional de los docentes. “por un lado, la identificación de eso que podríamos llamar una “identidad estructural” relacionada con su origen y construcción social (de género, clase social, procedencia étnica, opción sexual, etc.) y con los roles específicamente profesionales regulados por el puesto de trabajo…” Ubicar la identidad profesional del maestro nos lleva a enfrentar la necesidad de intentar la recuperación del sujeto docente y el reconocimiento de la complejidad y pluralidad identitaria de ese sector social, cultural y profesional que conforman los maestros.

Es posible que no podamos referirnos a una identidad particular; sino a identidades y ello nos lleve a pensar en una identidad colectiva, o incluso en una no-identidad, si asumimos que los maestros tienen distintos orígenes y construcciones sociales, pero que el ejercicio de una profesión común, les hace compartir su problemática, aunque cada quien busque o de respuestas distintas a la misma. Pero ¿Qué es lo común en esta profesión? Para decirlo en los términos que utiliza Jaume Martínez “Quizás lo que está más en crisis en el interior de esa identidad estructural socialmente construida es la imagen autoritaria de una función social reproductora en el interior de la institución escolar. (Quiero advertir que hablo de autoritarismo como una función asignada externamente al sujeto: la reproducción de unas formas de relación entre el saber y el poder que facilita que las cosas de la sociedad, moviéndose, queden como están. O sea, la producción de la reproducción. Otra cosa distinta es la autoridad, pero eso es ya una conquista del sujeto, una posibilidad de reconocimiento por parte del otro y una capacidad para apoderarse de muchas de las decisiones que afectan al proceso y al producto de su trabajo).

Maestros que vienen del normalismo rural y los que no comparten ese origen; unos que se identifican con el grupo que hegemoniza el control del SNTE, otros que buscaron otras opciones (CNTE, MDNS, etc.) otros ninguno de estos; los que están en carrera magisterial y los que no están ahí:; los que sólo se dedican a esta profesión y los que la ven como algo complementario; el maestro indígena de ascendencia campesina y el maestro urbano, proletario o proletarizado; el que milita en un partido político y el que no milita en nada; los maestros y las maestras; los que tienen otras preferencias sexuales; en fin, nos encontramos con una gran diversidad sociológica.


Hay una percepción generalizada entre los maestros, sobre un profundo malestar docente, respecto a la situación de la educación, sus resultados, las decisiones que se toman al respecto, sin embargo, al mismo tiempo existe la noción de que es poco lo que se puede hacer al respecto.

Pero esa percepción a su vez es producto de una realidad compleja. Una realidad también en crisis. Un contexto donde el proyecto de la derecha trata de afianzarse mientras las visiones de la izquierda se despedazan por colocarse al frente de lo que consideran es la visión correcta: cambio total o gradualismo. Ahí es donde avanza el grupo que hegemoniza al SNTE; se prepara para mudar de la forma sindical hacia una forma partidaria; ha encontrado muy rentable pactar con la derecha, empeñando la institución sindical a cambio de espacios de poder, claudicando a la defensa de un proyecto sindical que en otros tiempos se planteaba la defensa del Artículo 3º constitucional; del carácter gratuito y laico de la educación, a cambiado su posición de interlocutor válido por la de vasallo del poder, en adelante, ya no más la defensa de la autonomía sindical, ¿para que?, lo que importa al grupo hegemónico es buscar su acomodo y sobrevivencia política.

3. Las expresiones al interior del SNTE


a. El grupo institucional.

En torno a este grupo hay una percepción ficticia. Resulta que el grupo hegemónico se adjudica como de los “suyos” a todos los trabajadores de la educación que no forman parte de otras expresiones, sin reparar en que lo que subyace es un profundo descrédito en su proyecto, si es que así se le puede llamar. Lo cierto es que la mayoría de los trabajadores no forman parte de ningún grupo o expresión, mas bien hay una apatía generalizada a participar en una u otra propuesta, sin embargo, mientras no se manifiesten abiertamente a favor o en contra del estilo de “dirigir” al SNTE, el grupo hegemónico seguirá administrándolos y seguirá, a nuestro nombre, signando compromisos con el gobierno en turno, como lo ha venido haciendo desde hace por lo menos, cerca de tres décadas.

Por otra parte, lo hemos señalado antes, este grupo entiende la institucionalidad como algo de su patrimonio y con un contenido que sólo es válido para ellos y no necesariamente para el resto de los trabajadores. La institucionalidad implica respetar las reglas y normas que se da la institución; vrg, el estatuto, entre otras.

En la práctica cotidiana, el grupo autodenominado “institucional” violenta sistemáticamente la norma estatutaria. Abundan los ejemplos al respecto: la reforma estatutaria de 2004 rediseño la arquitectura de la estructura sindical; sin embargo, las instancias de gobierno nacional están lejos de funcionar conforme a las reglas aprobadas; los colegiados no tienen vida propia; el Comité Nacional de Acción Política, el Comité Nacional de Vigilancia; el Comité Nacional de Fiscalización, no se reúnen; en fin, las decisiones fundamentales son tomadas por la Presidencia Nacional. Otros ejemplos son: la creación artificial de la sección 59 en Oaxaca, como intento por desconocer a la sección 22; la decisión autoritaria tomada en la sesión XXIII Consejo nacional de prorrogar indefinidamente la permanencia de la Presidencia Nacional, la decisión de avalar la contra reforma del ISSSTE, y, lo último, el grotesco intento por arrebatarle la sección 9 al movimiento democrático, la utilización del patrimonio sindical de manera unilateral para fines distintos a los intereses del gremio en su conjunto (apoyos económicos y políticos a las campañas de los candidatos del PRI, PAN; creación del Panal, apoyo a la campaña de Felipe Calderón, etc.)


b. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Surgida a finales de los años 70’s como oposición a un proyecto hegemónico represivo, logra su punto más alto de legitimidad y desarrollo a finales de los años 80’s, en la llamada “primavera democrática” de 1989. Logra entonces conquistar los comités ejecutivos de las secciones 7, 9, y 22, así como una presencia importante en los comités de las secciones 10, 11, 14, y 18, sección ésta ultima que lograría totalmente años después.

Desde su nacimiento, se desarrolla su contradicción principal: la coexistencia de dos grandes visiones (ultras y reformistas). Los primeros, más en la lógica de la confrontación total con el grupo hegemónico; acuñaron como máxima el “todo o nada” con lo cual se negaron a participar en las estructuras seccionales e incluso, en la estructura nacional. Para ellos, la reforma estatutaria del 92, significaba claudicar y permitir la mediatización del movimiento democrático, postergando la democratización del sindicato en su conjunto.

Paradójicamente, no reconocieron durante mucho tiempo a la dirigencia sindical institucional, pero no negaron su interlocución con el gobierno y, más tarde, con la propia hegemonía sindical.

Los segundos, es decir, el subgrupo señalado como “reformistas” manifestaron siempre su disposición a participar en los espacios sindicales; construir una interlocución y buscar acuerdos con el gobierno para encauzar la solución a los problemas de sus simpatizantes.

Ambos subgrupos compartían, a final de cuentas, el mismo proyecto: la transformación democrática del sindicato, la defensa de la escuela pública, el mejoramiento salarial del magisterio, aunque sus métodos eran y siguen siendo distintos.

La dificultad para resolver sus contradicciones internas, ha llevado a la CNTE a dividirse permanentemente, de tal manera que hoy en día, existen distintos referentes, aunque predominan principalmente dos: el que encabeza la sección 22 y el de la sección 18.

Esta expresión había tenido una gran capacidad de convocatoria, sin embargo, el abuso de la movilización, la marcha y el plantón, han ido minando la disposición de sus simpatizantes para acudir al llamado; así quedó de manifiesto en la jornada contra las reformas al ISSSTE.

Aunque esta expresión se reclama democrática y puede diferenciarse del grupo institucional, presenta rasgos parecidos. El subgrupo denominado “ultra”, es profundamente intolerante y descalificador; quien no comparte sus ideas esta en su contra y, cualquier otra expresión que no se pronuncie en contra de los charros, como ellos llaman al grupo institucional, es charro también. En el fondo, carecen de una propuesta democratizadora del sindicato y en consecuencia, descalifican cualquier otra propuesta. De igual forma, utilizan mecanismos coercitivos para gestionar los problemas de sus simpatizantes; algo que se ha denominado coloquialmente “marchometro” es el rasero con el que se mide el derecho a ser beneficiario de alguna hoja de préstamo o cambio de adscripción, etc.

El otro subgrupo, el de los “reformistas” carece igualmente de un proyecto claro sobre la democratización del SNTE, aunque presenta mayor disposición a construir alianzas localmente y a incorporarse a los espacios de representación sindical.

En suma, la CNTE, ser presenta como un proyecto que, a sus 30 años de existencia, presenta muestras claras de agotamiento; un comportamiento inercial y contestatario; visto así, la CNTE no le sirve a la educación, no le sirve al SNTE, no le sirve a los maestros ni le sirve a sus simpatizantes, a lo sumo, puede serle útil a quienes hegemonizan su control.

c. El Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo.


c.1. Su apuesta por la democratización del SNTE.

El agitado contexto en el que nace el MDNS se caracteriza por el comienzo de uno de los gobiernos más marcadamente tecnocrático y ortodoxo en la aplicación de las políticas de corte neoliberal que se impulsaban, desde hacía por lo menos un sexenio desde los centros internacionales de poder (BM,FMI,BID).
La llamada “primavera democrática” de 1989, fue el pretexto idóneo para que el gobierno mexicano decidiera sacudirse uno de lo cacicazgos más fuertes en el sindicalismo magisterial: el de Carlos Jonguitud Barrios. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue uno de los gobiernos más agresivos contra el sindicalismo mexicano.
El Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo nació en 1989, en medio de lo que parecía ser un viraje del SNTE hacia una vida más democrática. La caída de Carlos Jonguitud Barrios, tras más de 17 años de cacicazgo llegaba a su fin, gracias a dos factores que se conjugaron: Por un lado, y este es el principal, el interés del Ejecutivo en turno (CSG), de deshacerse de ese tipo liderazgos, no en un afán por democratizar al sindicato, sino más bien, para propiciar condiciones más favorables en la perspectiva de las reformas a la educación que finalmente se impusieron (ANMEB); las reformas al Artículo 3º constitucional y a la Ley General de Educación, el otro factor, la fuerte movilización de cientos de miles de maestros, en parte encabezados por la CNTE, que, hartos de tolerar el estilo represor y persecutor del jonguitudismo, vieron en la coyuntura la posibilidad de tumbar la cabeza del charrismo sindical representado por “Vanguardia Revolucionaria”.
La caída del “líder vitalicio” del SNTE, generó al mismo tiempo, una expectativa en amplios sectores del magisterio pues vieron en la coyuntura la posibilidad de impulsar la construcción de un sindicalismo de nuevo tipo.
Al seno de aquel grupo de maestros, provenientes de lo que fue el MRM, ARS e incluso del ex-PST y el ex-PCM, e incluso de las filas de la propia CNTE, se gestaba ya el germen de lo que mas tarde se llamaría MDNS.
El intento por coordinarse con la CNTE fracasó, debido al sectarismo de algunos grupos de la Coordinadora por lo que, la única opción que les quedaba era impulsar un movimiento propio.
Así, en diciembre de 1989 nació el MDNS. Desde un principio, adoptó una estrategia basada centralmente en impulsar la democratización del SNTE y en defender la educación pública.
La táctica adoptada desde el nacimiento del Nuevo Sindicalismo; impulsar la profundización democrática del SNTE desde dentro, ¿era viable si consideramos que la nueva dirección nacional fue producto de una decisión gubernamental? O ante el rechazo de la CNTE, no había otro camino para construir un movimiento sindical ¡que no se pareciera a la disidencia ni asumiera la forma del sindicalismo institucional!
En el Congreso de 1992, Nuevo Sindicalismo hizo propuestas para una reforma estatutaria; ¿Qué propuso? ¿Con qué resultados? ¿Hubo un acuerdo político con la dirección sindical?, en todo caso ¿En qué consistió dicho acuerdo? El reconocimiento del carácter plural del SNTE; su no pertenencia al PRI ni a partido alguno, la proporcionalidad en la conformación de sus instancias de dirección, aceptando la existencia de otras corrientes a su interior y con derecho a ser incorporadas en los órganos sindicales, la creación del CNAP, etc. podrían ser considerados avances importantes en los documentos del sindicato, pero, ¿cuál fue la práctica sindical a partir de 1992?

c.2. El despunte y la "apuesta" por un nuevo sindicalismo.
Los primeros años de NS pueden ser considerados como de crecimiento sostenido. Se alcanzaron algunos cargos nacionales mediante el acuerdo de una “transición pactada”; así se lograron las primeras carteras seccionales y se estableció una interlocución más o menos regular. Se compartió razonadamente algunas propuestas del proyecto sindical institucional hasta 2004, año que puede ser considerado como principio del fin de un modelo sindical corporativo; rompimiento real con el otrora partido oficial, (en los hechos, pese a las reformas del 92, la dirección nacional continúo uncida al PRI, por lo que dichas reformas se tradujeron en mera simulación). En 1997, en el Consejo Nacional ampliado de Puebla, el NS planteo su tesis sobre el Sindicato Nacional Unitario con Funcionamiento Federado, como una forma de horizontalizar más la vida sindical; profundizando la democracia y dotando a los comités seccionales de mayor autonomía frente a los nuevos patrones surgido a partir de la reforma educativa del 92.
Precisamente, frente a la intención del gobierno de pulverizar al SNTE mediante el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de 1992, (ANMEB), se hacia mucho mas estratégico dotar a los seccionales de mayores niveles de operación precisamente porque las autoridades educativas contarían, a partir de entonces, con esa capacidad –aunque en materia de financiamiento, asignación de recursos presupuestales a educación, se siguiera conservando un criterio centralizado-, sin embargo, la dirección nacional del sindicato mantuvo el control centralizado, dejando sólo a las secciones la posibilidad de negociar con los gobiernos locales las prestaciones salariales, pero la política de decidir desde el centro los recambios en las direcciones locales siguió siendo, como lo esa ahora, prerrogativa del centro.
El último intento del NS por incidir en la democratización del SNTE, se hizo en el V Congreso Nacional de Tonatíco estado de México, en 2004. Previamente se discutió con la dirección nacional sobre la necesidad de hacer una reforma estatutaria que permitiera al sindicato avanzar hacia una vida sindical más democrática, más horizontal, más plural, etc., sin embargo, la ruptura de la dirección nacional con la cúpula priista enrareció el ambiente y endureció las posiciones institucionales, cerrándose a las propuesta del NS y el resultado fue el contrario al planteado: se definió una estructura de mando aún más rígida, aunque en algunas instancias se acordaran formas colegiadas de discusión, no así de decisión; y se crearan instancias jurisdiccionales para regular la transparencia y la rendición de cuentas.
De ese tiempo (2004) a la fecha, la interlocución entre NS y el grupo hegemónico ha sido escasa. El nuevo modelo sindical que se desprendió del V Congreso Nacional, en la práctica ha profundizado el aislamiento del SNTE respecto de una serie de actores políticos y sociales con los cuales había tenido cierta interlocución.
El NS apostó a la posibilidad de abrir un proceso de discusión entre los distintos referentes del sindicato en la idea de construir los consensos necesarios para imprimirle al SNTE una práctica mas sustentada en la democracia y la inclusión, que permitiera una mayor tolerancia y reconocimiento de la pluralidad, sin embargo, hubo resistencias que llevaron al fracaso de esta intención y posterior al V Congreso Nacional, se ha retrocedido hacia una mayor cerrazón. Paradójicamente cuando la dirección nacional ha incursionado en la vía de la participación política a partir de la organización de un partido (PANAL), es cuando más se cierran los espacios de diálogo y concertación al interior del sindicato; factores intrínsecos a la actividad política.
¿Es tiempo de que el NS extienda su horizonte hacia una mayor actividad político-partidario? O ¿debe mantener su participación de bajo perfil en esta materia? Los tiempos que se viven, reclaman una mayor definición al respecto.

c.3. La defensa de la escuela pública.

“Sin escuela pública no hay República” fue el lema del NS en 2002; pero ha sido la defensa del carácter público de la educación y la reivindicación del Artículo 3º Constitucional uno de los ejes fundamentales de lucha del NS, es más, en la lógica que se desplegó desde los primeros años de existencia del movimiento en el sentido de luchar por la apropiación de la materia de trabajo descansa gran parte de la razón de SER del Nuevo Sindicalismo.
Desde 1987, como NS impulsamos la estrategia de plantear la defensa de la escuela pública a partir de plantear la demanda de un mayor financiamiento público de la educación llevando nuestras propuestas a la Cámara de Diputados justo en los tiempos en que ahí se discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación, entendiendo que si no se lograba incidir en esos momentos, cualquier lucha posterior sería inútil. Y la confirmación de nuestra valoración nos la dieron los resultados alcanzados durante los años siguientes.
La demanda de un incremento del 8% del PIB, si bien es cierto no podemos reclamarla únicamente como demanda nuestra de origen, sí podemos reivindicarla como una demanda también nuestra. Así en 2001, el gobierno de Fox asumió que se consideraría dicha preocupación planteada, por que no decirlo, por el SNTE en la Cd. de Aguascalientes, Ags., compromiso que se tradujo en modificaciones a la Ley General de Educación un año después, aunque en la práctica, terminó aquel sexenio sin que se cumpliera dicho compromiso.
Pero la defensa de la escuela pública no se limita sólo a la demanda de un mayor financiamiento público de la misma; para nosotros ha sido una necesidad definir con precisión los rubros en que se han de aplicar los recursos públicos para educación y, generar los mecanismos e instancias de seguimiento y verificación que aseguren su correcta distribución y el apego estricto a lo establecido en los ordenamientos. Para ello, planteamos desde esos tiempos la creación de una contraloría social de la educación que asegurara la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo en la materia, así mismo, desde fines de los 80’s propusimos al Congreso rubros y cantidades específicas para la aplicación del presupuesto.
Parte sustantiva de nuestra postura en defensa de la escuela pública fue y ha sido la de impulsar la creación de un gran acuerdo social por la educación; acuerdo que involucrara a todos los actores interesados en la materia, especialmente al gobierno, al sindicato, a los intelectuales y especialistas, a la sociedad y a los partidos políticos. En 2002, el SNTE suscribió con el gobierno federal un acuerdo por la calidad de la educación básica; dicho compromiso hubiera alcanzado mayor impacto en la educación, pero se vio enrarecido con la suscripción de una serie de compromisos de la dirigencia nacional del SNTE con la Fundación “Vamos México” y con la publicación de las llamadas “Guías de Padres” que intentaron darle una orientación demasiado conservadora a la participación de los padres de familia en la educación, razón por la cual fueron rechazadas de manera contundente no solo por los maestros sino por intelectuales y demás especialistas en educación; eso sin contar los cuantiosos recursos que se mal utilizaron en la publicación de dichos materiales. Después vendría el decreto presidencial para la creación del Instituto Nacional de Evaluación, ante lo cual dejamos manifiesto nuestro rechazo, planteando que dicho órgano si bien era necesario, éste tenía que ser producto de la decisión del Legislativo.
Para el NS, por defensa de la escuela entendemos no solo la lucha por la apropiación de nuestra materia de trabajo; tampoco nos hemos quedado en la idea gremialista de ver la educación sólo como discursivamente la han asumido los gobiernos en turno; se trata de concebir la educación como un derecho humano universal y, en este sentido, defender la escuela pública constituye un principio estratégico que nos vincula estrechamente con la sociedad.

c.4. Entre el acuerdo político, la negociación de posiciones y la construcción real de espacios de poder seccional y nacionalmente.

Nuevo Sindicalismo se asume como una expresión político sindical al interior del SNTE. Hace suyos los principios fundamentales de la democracia: pluralidad, tolerancia y la inclusión; el respeto a la diversidad y el reconocimiento de la equidad de genero; se asume diferente a las otras expresiones que conviven al interior del sindicato por cuanto rechaza el corporativismo, el clientelismo, el patrimonialismo y el verticalismo.
Asume como táctica la construcción de acuerdos políticos y privilegia la negociación antes que la confrontación, pero reivindica de manera decidida su derecho a ser considerado como actor político sindical y como sujeto con derechos plenos. Hemos señalado en reiteradas ocasiones que no rechazamos ninguna forma de movilización para lograr nuestros objetivos, pero no reducimos ésta a la marcha, el mitin y el plantón; así mismo, hasta ahora no nos ha movido la idea de reclamarnos como un movimiento de masas, pero tampoco renunciemos a fortalecer nuestra presencia en la base sindical. Hasta hoy, nos hemos concebido como una expresión sustentada en la fuerza de sus ideas y de sus propuestas.
Como expresión crítica y propositiva, asumimos el acuerdo y la negociación política como formas que nos permiten incidir en algunas decisiones del sindicato; sin embargo, la vigencia de éstas se hayan sujetas a la propia voluntad política de quienes hegemonizan la conducción del sindicato.
Decimos que nuestra táctica nos ha permitido avanzar y alcanzar espacios de representación sindical para bien del propio sindicato, sin embargo, siempre ello no ha impedido que cuestionemos aquellas posiciones o decisiones que se contraponen a los principios de la organización sindical y a los derechos de los miembros del gremio o que atenten contra la educación pública. Pero, el acuerdo y la negociación política, en tanto tácticas tienen el límite que le impone la propia actuación del otro actor, por lo que, el tipo de gestión sindical y las alianzas que en los últimos años ha asumido la dirección nacional, nos coloca ante la necesidad de revisar y replantear nuestras tácticas.
La decisión del grupo institucional de establecer una estrecha alianza con el gobierno y jugársela con su proyecto cultural, entra en contradicción directa con los principios que defiende el Nuevo Sindicalismo. La serie de acuerdos signados con el foxismo, pasando por alianzas electorales en Oaxaca, Veracruz y Baja California en 2005, el aval otorgado a la contra reforma del ISSSTE, la complacencia respecto de la reforma a la educación secundaria, la alianza con el panismo en la confección del fraude electoral del 2006 -pasando por la definición de un consejo General del IFE ad hoc a la derecha-, el reconocimiento anticipado del triunfo de Calderón; entre otras acciones, forman parte de los elementos que demuestran el quiebre de la actual dirección sindical hacia la derecha.
¿Es viable mantener un acuerdo político con una expresión sindical que, olvidándose de los principios que rigen al sindicato ejercen una dirección autoritaria y excluyente?
¿Cómo puede mantenerse la defensa del carácter nacional del SNTE, si ello no se traduce en mayor democracia en el SNTE?
La viabilidad de la defensa del carácter nacional del sindicato, pasa necesariamente por avanzar en la democratización del mismo. No podemos seguir reivindicando la continuidad en el mando del SNTE de una cúpula autoritaria y excluyente. Quienes hoy “dirigen” al sindicato no están preocupados por su defensa; usan la estructura, los recursos y la organización sindical en su conjunto, -como ha quedado demostrado- para la conservación de intereses de grupo. Además, no están dispuestos a incluir a otras expresiones en la conducción sindical. Como MDNS no podemos justificar que se siga utilizando al sindicato, llegó el momento de las definiciones; o luchamos por conquistar la dirección del SNTE o impulsamos la construcción de otro sindicato. En ese sentido, NS no tiene otra salida que replantear su estrategia. En adelante, tenemos que fortalecer el trabajo en la base del sindicato; nuestros mayores esfuerzos deben orientarse hacia la construcción núcleos de representación, partiendo desde los centros de trabajo, delegaciones y secciones sindicales. Hoy tenemos la necesidad de privilegiar nuestra interlocución con los trabajadores de la educación. Fortalecer nuestra presencia ahí, esa será la condición para generar un movimiento de bases en el ámbito seccional y nacional para lograr cimentar nuestro proyecto.
¿Sigue siendo el NS un actor necesario al interior del SNTE?
Sí, desde la óptica de que el sindicato somos todos. El sindicato no puede seguir siendo patrimonio de un grupo; tenemos que recuperar el sindicato para sus agremiados y para colocarlo verdaderamente al servicio de la educación. No hay ya condiciones para la negociación y el acuerdo políticos; han llegado a su límite. Para la expresión hegemónica, desde 2004, el NS ya no es un actor necesario; ya no tienen la necesidad de reivindicar la pluralidad; en todo caso, al interior del CEN cuentan con algunos miembros que provienen de la disidencia y con ellos es posible pretendan simular que son incluyentes y plurales, sin embargo, las expresiones legítimas no se crean por decreto ni se inventan al gusto; son producto de una construcción real, anclada en procesos de diferenciación en el modo de hacer y concebir lo sindical.
¿Hasta donde hemos flexibilizado nuestra actuación como expresión crítico-propositiva?
El estancamiento por el que atraviesa el NS se refleja de muchas manera, pero baste señalar sólo algunas para comprender hasta que punto hemos ido cediendo espacios al grupo institucional: hemos descuidado nuestra presencia en medios informativos con los puntos de vista puntuales del movimiento en diferentes momentos (la aprobación de la RES, el reconocimiento anticipado de la dirección nacional a Calderón como presidente ganador, el desvío de recursos del SNTE hacia la construcción del PANAL, las negociaciones salariales del sexenio anterior y la última, etc.); hace ya tiempo no hemos logrado publicar nuestro boletín informativo donde fijar nuestras posturas sobre asuntos educativos, sindicales, etc.; la organización y realización del IV Congreso Nacional de Educación, en diciembre de 2006 ya no acudimos a la Cámara de Diputados a presentar nuestra propuesta para la discusión del presupuesto de egresos, en la parte relativa al financiamiento educativo, por lo menos en el ámbito nacional hay estos rezagos; habrá que ver cuál ha sido nuestro comportamiento en el ámbito seccional.

c.5. La seguridad social: las líneas generales de un discurso y los límites de su utilidad política para el crecimiento y reposicionamiento político y sindical del movimiento.


La batalla por la defensa de la seguridad social fue, sin duda, una gran batalla. Pese a los resultados, tenemos que reivindicar nuestra participación en ella. Reconocernos como actores protagónicos en este rubro, constituye hoy por hoy nuestra mejor estrategia. Hay aquí una beta fundamental que nos debe permitir estrechar nuestra relación con la base trabajadora; tenemos la mejor propuesta y suficiente claridad para mantener nuestra actuación al respecto.
Las demandas de amparo de más de dos millones de trabajadores; las múltiples manifestaciones y las razones sustentadas en la Constitución, no fueron suficientes para lograr el fallo favorable de la SCJN respecto de la cuestionada reforma del ISSSTE. De hecho, quedo claro que el mandato del gobierno, para cumplir con las “recomendaciones” del Banco Mundial tenían que cumplirse. La escasa credibilidad de la SCJN se derrumbó estrepitosamente al avalar, negando su propia naturaleza, la constitucionalidad de la nueva Ley; a pesar de las múltiples evidencias en contrario.
La facultad de interpretar la ley, que la propia Constitución otorga a los Ministros, no les da derecho a violentarla como lo hicieron con los artículos 14 y el 123, entre otros, al negar con argumentos inaceptables el derecho a la jubilación y el principio de no retroactividad, con lo cual dejaron muy claro que el Poder Judicial sirve a los intereses de la clase gobernante y no a los intereses de la justicia.
El reconocimiento de la Corte de la inconstitucionalidad de los artículos 25, párrafo segundo y tercero, 136, 251 y el último párrafo del artículo 60 de la NLISSSTE, confirma la razón que había en nuestras demandas, sin embargo, esto no altera de manera esencial el contenido fundamental de la ley, por lo que tenemos que continuar la lucha por rescatar nuestros derechos arrebatados.
Con el fallo en cuestión, los Ministros dejan a millones de trabajadores y sus familias prácticamente en estado de indefensión. En el corto plazo, a los trabajadores nos quedan solo tres opciones: 1) Acudir a las instancias internacionales, aunque solo sea para denunciar la parcialidad de la SCJN y el atropello del gobierno, 2) Acogernos a lo señalado en el Artículo 10º transitorio y 3) construir las condiciones para buscar en el terreno de lo político electoral, sea en 2009 o en el año 2012, cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso para impulsar la reforma de la Nueva Ley del ISSSTE.
Desde el ámbito sindical es poco o nada lo que se puede hacer. Con este proceso de reforma al ISSSTE, quedó también muy claro que el SNTE sirve a los intereses del gobierno y de los dueños de las AFORES, no a los intereses de sus agremiados, por lo que las batallas que siguen, tenemos que darlas en el campo político-electoral.

4. Tareas

A. En el ámbito sindical, el MDNS tiene que replantear su quehacer sindical. Dos décadas buscando la transformación del sindicato, en un periodo donde el pensamiento neoliberal ha golpeado todos los intentos de construcción democrática de la sociedad. Lo mismo en el ámbito político que en el económico y en el campo de lo social.
Durante este tiempo, buscamos asumirnos como un movimiento sindical democrático y plural, haciendo a un lado las militancias de los miembros y simpatizantes de nuestro proyecto. Ello nos llevó a la indefinición política, en un pluralismo que solo nos limitó en la construcción de acuerdos concretos, como movimiento, en la perspectiva de incidir en la democratización de la sociedad. Así pasaron las coyunturas políticas con Cárdenas en los años del neocardenismo y, más tarde con López Obrador. Como militantes en lo particular o como miembros de alguna expresión partidaria, aunque sí enfrentamos las consecuencias adversas, ya desde el partido o desde el propio grupo hegemónico del SNTE.
De 1989 a la fecha, las fuerzas de la derecha han avanzado, modificando radicalmente la fisonomía del Estado: se han privatizado la banca, Teléfonos de México, los ferrocarriles, los puertos y aeropuertos; las pensiones y se pretende ahora privatizar Pemex y más adelante la CFE y la educación.
Este es el tiempo de transformar al MDNS en un gran movimiento que luche por rescatar al sindicato como instrumento de lucha de los trabajadores y colocarlo al servicio de las mejores causas del pueblo.
B. En el campo de la educación, es necesario asumir la defensa del Artículo 3º constitucional, desplegando una estrategia en defensa del carácter público, gratuito y laico de la educación, exigiendo el cumplimiento del gobierno para destinar, por lo menos, el 8% del PIB, como lo estipula la Ley General de Educación.
Es preciso denunciar las pretensiones del gobierno y del grupo hegemónico en el SNTE de abrir la puerta a la privatización de la educación básica, abierta o encubiertamente, al negarse a destinar el presupuesto que la ley mandata para la educación pública, no asumir su plena responsabilidad de garantizar educación gratuita hasta el nivel medio básico al plantear darle a los alumnos formación para el trabajo y señalar que la educación debe asegurar el “impulso a la productividad y la promoción de la competitividad”, legitimando además, el pago de cuotas bajo la forma de participación de los padres de familia en “los procesos de mejora de los centros educativos”.

Es urgente impulsar la construcción de una gran alianza de las fuerzas democráticas y de todos los maestros y trabajadores de la educación, por la defensa de la escuela pública y abrir un proceso de discusión sobre los cambios que debe enfrentar la educación.
C. En la defensa de la seguridad social, debemos acudir a las instancias internacionales para denunciar el atropello de los derechos de millones de trabajadores en esta materia y solicitar su intervención al respecto.
Es preciso impulsar ampliamente el carácter inconstitucional de la NLISSSTE y llamar a que nadie opte por los bonos de pensión, acogiéndose al Artículo 10º transitorio.
Discutir con otras fuerzas la construcción de un espacio de reflexión y elaboración de una propuesta alternativa, para plantearla a los partidos políticos que coincidan en la necesidad de re discutir esta Ley y preparar la reforma en la siguiente legislatura o en la que surja en 2012.
Retomar el espacio que tenemos en la Coalición Ciudadana y con los partidos del FAP, particularmente con el PRD, una vez que termine su complicado proceso de recambio de dirección, establecer una estrategia para tres años que nos permita modificar la correlación de fuerzas al interior del congreso y revertir el carácter regresivo de la ley del ISSSTE.
D. En el campo político electoral, Nuevo Sindicalismo debe dar ya el paso hacia la consolidación de un frente político electoral que le permita tener una mayor incidencia en los procesos electorales que se libraran en 2009 y 2012, preparando a los cuadros que se habrán de proponer para cargos de elección popular a nombre del movimiento.
Hemos mantenido, hasta ahora, una presencia limitada en la Coalición Ciudadana; debemos intensificar nuestra actuación en ese espacio, definiendo un equipo más amplio que refuerce la atención a dicha tarea.
Es necesario llamar a una reunión de los cuadros más destacados del movimiento que tengan una militancia activa en las filas del PRD, PT y Convergencia, para discutir con ellos una estrategia para fortalecer nuestra participación en el FAP.

5. Conclusión general.
Queda claro que, en efecto, hay instituciones en nuestro país; que dejaron ya de responder a las necesidades de la mayoría de mexicanos y que el único camino que nos queda es buscar su transformación radical. Que la legalidad imperante en México tiene un claro contenido clasista y responderá, como lo ha hecho hasta ahora, a esos intereses oligárquicos; que como movimiento, estamos obligados a ratificar y ocupar nuestro lugar en la lucha del lado de las fuerzas de izquierda, democráticas y progresistas, antes que permitir se sigan pisoteando los derechos fundamentales de nuestro pueblo. De ahí venimos y es ahí donde debemos estar.



Julio 2009

QUE SIGUE DESPUES DEL GOLPE DE LA SCJN?

COMPAÑERO(A) TRABAJADOR(A) AL SERVICIO DEL ESTADO:

El día lunes 16 de junio del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio inicio a la discusión de las demandas de amparo marcadas con el expediente 220/2008 en el cual, al igual que en el resto de los casos, se impugnaba la inconstitucionalidad de la Nueva Ley del ISSSTE (NLISSSTE).

A pesar de la propuesta del Ministro Presidente; Guillermo Ortiz Mayagoitia, 8 de 10 Ministros decidieron avalar la NLISSSTE, pese a su carácter marcadamente inconstitucional.

Los señores ministros, desestimaron las argumentaciones y razones señaladas en las demandas de amparo de cerca de 2 millones de trabajadores al servicio del Estado, que pedíamos se respetaran nuestros derechos a gozar de un régimen de pensiones público, solidario y redistributivo, el seguro a la jubilación, un sistema de salud público, entre otros; para avalar en su lugar la privatización del ISSSTE al mandar los fondos de los trabajadores a las Administradoras de Fondos de Retiro (AFORES) y subrogar servicios importantes de salud a unidades médicas privadas.

Claro, ¿por qué habría de preocuparles a estos señores lo anterior, si ellos cuentan con un fideicomiso que les asegura al término de su periodo en la SCJN pensiones millonarias?

La decisión tomada por los ministros al avalar la NLISSSTE, violenta el principio de no retroactividad señalado en el Art. 14 Constitucional, entre otros ordenamientos y se convierten en cómplices del despojo de que somos objeto los trabajadores con esta nueva Ley.

Sin embargo, no todo esta perdido…

1º. Por lo que respecta al Art. 10º Transitorio, se determinó que su fracción IV es inconstitucional, al señalar que para calcular el monto de la pensión se tomará en cuenta el promedio del salario base disfrutado en el último año, siempre y cuando el trabajador haya tenido una antigüedad mínima de tres años en el puesto. En la Ley anterior, bastaba que el trabajador hubiera estado un año en el mismo puesto para calcular su pensión.

2º. Se declararon inconstitucionales los artículos 25, párrafo segundo y tercero, 136, 251 y el último párrafo del artículo 60 de la NLISSSTE.

Art. 25. “En caso de que alguna Dependencia o Entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos previstos en esta Ley, el Instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.”

“Transcurridos doce meses, consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses, de incumplimiento parcial o total del entero de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, el Instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo…”

Se declara inconstitucional porque el incumplimiento de pagos atribuible a la dependencia o entidad que hace las veces de patrón, recae sobre la persona del asegurado, a quien –según la NLISSSTE- se le pueden suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios.

Art. 136. “No tendrá derecho a pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos…” y se hace mención de una serie de supuestos en los cuales el cónyuge no tendrá derecho a recibir la pensión, con lo que se esta afectando el principio de igualdad.

En el caso del Art. 251 “El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles. Esto es inconstitucional porque priva de su derecho al trabajador o a su descendencia sin que exista razón jurídica para ello, además de que no se señala a partir de qué momento empieza a correr la prescripción, y porque contradice lo dispuesto en otro artículo expreso de la NLISSSTE en el sentido de que las pensiones son imprescriptibles.

Se declara inconstitucional el último párrafo del Art. 60 al señalar que “No procederá la solicitud de calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido notificado al Instituto en los términos de este artículo.” Con esto se esta violando lo dispuesto por el Art. 123 Constitucional, Apartado B, fracción XI, inciso c), en cuanto que por la falta de cumplimiento de una obligación que no le corresponde al trabajador.

Por supuesto que ¡no se puede estar de ningún modo satisfechos con estos resultados¡ Es necesario nuestra protesta ante los foros internacionales: la OIT, la Corte Internacional de los Derechos Humanos, etc. Además, si la mencionada ley fue aprobada por los diputados, tendrá que ser en la Cámara donde se modifique de nuevo. Impulsemos una gran alianza de los trabajadores al servicio del Estado con los partidos que forman el FAP, únicos que se opusieron a dicha reforma, para modificar en 2009 la correlación de fuerzas y modificar la ley a favor de los trabajadores.

Agosto 2008